Recientemente se publicó en la Gaceta de la República de Cuba el Decreto Ley 88/2024, que establece nuevas normativas para el funcionamiento de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el país.
El decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación, lo que facilita un plazo justo para que las MIPYMES modifiquen su gestión en base a las nuevas regulaciones.
Según declararon las autoridades el objetivo de estas modificaciones es fortalecer el funcionamiento de las MIPYMES y extender los beneficios que estas traen tanto para sus dueños, empleados y clientes. Además se comunicó la voluntad de modernizar la economía cubana y adaptarla a las exigencias del mercado.
Los ejes centrales de este decreto están en la bancarización, la responsabilidad social de las empresas y el respeto a los derechos laborales de los empleados, quienes constituyen el motor de la producción y prestación de servicios dentro de cualquier empresa
Bancarización
Las MIPYMES, según las nuevas disposiciones, deberán operar en pesos cubanos y habilitar canales de pago electrónico mediante alguna de las plataformas cubanas disponibles. Esto contribuirá a que los privados participen en la bancarización y el público tenga mayores posibilidades de acceder a productos y servicios sin utilizar efectivo. También se informó sobre la obligación de las MIPYMES de registrar todas sus operaciones en cuentas bancarias, de forma que se hagan transparentes los movimientos económicos de estas entidades.
La necesidad de tomar esta medida parte de la negativa por parte de no pocas MIPYMES de no habilitar canales de pago electrónicos y obstaculizar el proceso, de forma que el cliente no tuviera otra alternativa que el pago en efectivo.
Derechos laborales
En primer lugar el Decreto-Ley aborda la protección de los derechos laborales, en beneficio directo de los empleados, para quienes se exigen contratos legales y detallados, en los que se expresen condiciones fundamentales del trabajo a realizar, el salario (igual o mayor al salario mínimo establecido para el sector estatal), los horarios de entrada y salida, etc. Además, deben proporcionar condiciones de trabajo seguras.
En el decreto se enfatiza en la necesidad de crear y mantener entornos laborales en los que todas las personas puedan participar sin que sus derechos sean vulnerados, lejos del acoso, la discriminación o la exclusión.
Responsabilidad social empresarial
Entre las novedades mejor recibidas está la responsabilidad de las MIPYMES en su comunidad y de cara a la población para la que trabajan, por lo que deben comprometerse con la búsqueda constante del bienestar de los empleados y el público.
Existe dentro del decreto la voluntad de que se faciliten vías de afiliación sindical para los empleados y se garantice la seguridad de estos en el entorno laboral, estableciendo un espacio inclusivo y respetuoso con cada una de las personas que en él se involucren.
Instituto Nacional de Actores Económicos
Para garantizar el cumplimiento de todo lo normado se orientó la creación de un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Actores Económicos. Esta nueva entidad deberá supervisar y dirigir el funcionamiento del sector privado.
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